diariolibre - 1 days ago

La licitación debía ser pública, abierta y competitiva. En la práctica, según el expediente de la Operación Camaleón, el resultado se decidió antes de que el proceso comenzara.El Ministerio Público asegura que el pliego técnico de la licitación INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, por 1,317 millones de pesos, fue redactado dentro de la empresa que resultó ganadora: Transcore Latam S.R.L., una sociedad creada meses antes y controlada por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).El contrato tenía un propósito de alto impacto: la modernización, ampliación y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.Pero lo que debía ser un proyecto de tecnología vial se convirtió, de acuerdo con la acusación, en el núcleo operativo de una estructura criminal organizada.El nacimiento de una empresaLa historia de Transcore Latam comienza en junio de 2022, cuando Gómez Canaán registró el dominio transcore.com.do en el Network Information Center utilizando su propia tarjeta de crédito.Con ese dominio, dice el Ministerio Público, creó correos electrónicos falsos —entre ellos joerg@transcore.com.do— y comenzó a firmar mensajes haciéndose pasar por un ciudadano alemán llamado Jörg Brinkmeyer, supuesto representante de la compañía internacional TransCore LP, con sede en Estados Unidos. Te puede interesar El contrato invisible con el Ministerio de Defensa que derivó en espionaje privado El día que los semáforos se apagaron El 7 de julio de ese año, usando esos documentos y correos electrónicos, constituyó Transcore Latam S.R.L. en República Dominicana, con un capital de apenas un millón de pesos y un objeto social que reproducía casi palabra por palabra el tipo de servicios que luego serían solicitados en la licitación.El expediente describe el proceso como una usurpación de identidad corporativa, diseñada para dar apariencia extranjera y solvencia técnica a una empresa local sin trayectoria.Un “traje a la medida”Meses después, en 2023, el Intrant abrió el proceso para adjudicar el contrato.Según la Procuraduría, los términos técnicos del pliego de condiciones coincidían con el lenguaje y las especificaciones contenidas en el propio registro mercantil de Transcore Latam.“El pliego fue elaborado dentro de la empresa beneficiaria”, concluye la acusación.El entonces director del Intrant, Hugo Beras, y su equipo habrían aprobado los requerimientos sin una evaluación técnica independiente.El Comité de Compras, coordinado por Frank Rafael Atilano Díaz Warden, avaló la propuesta sin cuestionar los documentos de soporte ni la experiencia previa de la empresa.Los fiscales sostienen que el proceso fue una simulación de competencia, con consorcios ficticios y oferentes sin capacidad operativa.De la licitación al control tecnológicoUna vez adjudicado el contrato, Transcore Latam instaló los nuevos sistemas de control de tráfico y conectó la red semafórica a servidores externos interconectados con la empresa Aurix S.A.S., también propiedad de Gómez Canaán.Desde allí, según el Ministerio Público, la compañía obtuvo acceso total a los semáforos, cámaras y centros de monitoreo del Intrant, lo que permitió ejecutar acciones de manipulación remota.El caso alcanzó un punto crítico cuando, en agosto de 2024, tras la suspensión del contrato, la red semafórica del Gran Santo Domingo colapsó.La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuye ese evento a un sabotaje intencional ejecutado desde los sistemas de Transcore Latam, en lo que califica como acto de terrorismo contra infraestructura crítica. RELACIONADAS Justicia El Estado bajo control remoto El modelo del fraudeLos fiscales resumen el proceso como una fórmula: crear una empresa, construir la licitación desde dentro, adjudicarse el contrato y usar la infraestructura para desviar fondos y mantener control sobre los sistemas públicos.El expediente describe ese modelo como una “estructura de corrupción funcional y de larga duración”, sostenida por funcionarios y particulares con vínculos familiares y económicos.Indica que Transcore Latam, además de cobrar por servicios sobrevalorados, movilizó parte del dinero hacia otras compañías del entramado, como PagoRD Xchange y OML Inversiones, completando el circuito financiero del fraude.La investigación incluye evidencias digitales —correos electrónicos, registros de dominio y transferencias— que, según la Pepca, prueban la relación directa entre el diseño del contrato y la empresa adjudicataria.Un nuevo rostro de la corrupciónEn los documentos judiciales, la Operación Camaleón no solo se presenta como un caso de desfalco, sino como una mutación tecnológica de la corrupción pública.El expediente muestra cómo el fraude se adaptó al lenguaje digital, a los sistemas automatizados y a las nuevas formas de contratación del Estado.La licitación ya no se manipuló en los pasillos, sino en los servidores y en los correos electrónicos.La historia de Transcore Latam revela el alcance de esa transformación: una empresa creada en un escritorio virtual, con una identidad prestada, terminó controlando la red de tránsito de una ciudad de tres millones de habitantes.El contrato que debía ordenar el tráfico del Gran Santo Domingo terminó siendo, según la acusación, el centro de operaciones de una red de corrupción digital.

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