Monday 17 May 2021
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plazapublica - 24 days ago

Para los amigos, todo

imagen columna: 3 minsTipo de Nota: OpiniónLa toma del Estado guatemalteco es visible casi a simple vista con la actuación concertada de los poderes que lo conforman. La obligada independencia, normada desde la Carta Magna, está anulada actualmente en virtud del funcionamiento corporativizado del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del Ministerio Público (MP) y pronto también de la Corte de Constitucionalidad (CC). Categoría columna: opiniónTema: Poder y CiudadaníaUna característica de ese funcionamiento, que en esencia conlleva el abuso del poder, es el uso de este para la protección de los círculos cercanos y leales por razones de interés político, personal, familiar o económico. Así, mientras la ley y las funciones que esta designa se emplean para ofrecer prebendas o impunidad a los aliados, también se enarbola para castigar las disidencias. En el Organismo Ejecutivo, el mandatario Alejandro Giammattei se ha valido de su investidura para sostener en el cargo a toda costa al titular de Gobernación, Gendri Reyes, y con él a la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC) que conduce José Tzubán. Pese a las flagrantes violaciones de la ley en materia de derechos humanos que han sido documentadas, especialmente por la intervención los días 21 y 28 de noviembre de 2020, así como por las sistemáticas agresiones a periodistas como Sonny Figueroa y Marvin del Cid, Reyes y Tzubán no solo permanecen en sus posiciones, sino que han sido protegidos abiertamente por el gobernante, quien los defiende en público y no se plantea siquiera una mínima sanción por las actuaciones de ellos. La Presidencia también fue permisiva durante más de un año con su allegado Luis Miguel Martínez, para quien armó una dependencia especial a fin de garantizarle salarios y atribuciones por encima de sus limitadas capacidades. Cuando las investigaciones periodísticas revelaron las anomalías de la oficina llamada Centro de Gobierno, los periodistas que lo evidenciaron fueron agredidos. Si bien dicha instancia fue anulada, quienes allí laboraban, amigos y personas cercanas a Martínez, fueron reubicados en otras posiciones, con salarios también superiores a sus capacidades. El Legislativo no se queda atrás. La prueba más reciente es la violación flagrante de la ley cometida por el presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, quien se encargó de impedir la juramentación de la magistrada Gloria Porras en la posición de la CC para la que fue designada por el Consejo Superior Universitario. Unas semanas antes, en cambio, corrió para juramentar al prófugo Mynor Moto y de hecho cerró las puertas para evitar la notificación que ordenaba suspender dicha ceremonia. [frasepzp1] El Organismo Judicial, presidido por Silvia Valdez, desde la cuenta oficial de Twitter de dicha entidad indicó que le gustaba un tuit que se mofaba del atentado que sufrió el diputado Aldo Dávila. Por si fuera poco, sigue la cuenta que publicó dicha burla y que funciona como un centro de difusión de discurso de odio y de acoso a personas defensoras de derechos humanos. Anteriormente, la magistrada Valdez había escrito en su cuenta de Twitter un texto de burla y rechazo a la actuación oficial del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. De hecho, adelantaba criterio en casos que habrían de llegar a su conocimiento merced al proceso judicial establecido. La actuación discrecional más reciente la ha protagonizado la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras Argueta. La responsable de la persecución penal trasladó de oficina al anterior jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, cuando este se aprestaba a solicitar el antejuicio contra el exgobernante Jimmy Morales por su responsabilidad en actos de corrupción. Si bien dicha fiscalía solicitó el antejuicio, lo hizo por el caso de declaratoria de no grato al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, en el marco de un caso presentado en 2017. Al mismo tiempo, corrió para solicitar antejuicio en contra del diputado Aldo Dávila por una denuncia de agresión en contra de agentes de la PNC. El poder que otorga la ocupación de un cargo de autoridad es esa herramienta que sirve para favorecer a las amistades y castigar las disidencias: la lógica política de la construcción de un Estado dictatorial con disfraz de democracia cuya norma hoy por hoy está como una escultura de hielo bajo el sol, que segundo a segundo se derrite hasta desaparecer.


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