Sunday 9 May 2021
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plazapublica - 23 days ago

Corte entrecortada

imagen columna: 3 minsTipo de Nota: OpiniónDesde esta semana Guatemala tiene una Corte de Constitucionalidad (CC) cuya integración para el período 2021-2026 ha implicado un proceso tortuoso derivado de pulsos que, en esencia, plasman la politización de la justicia, ni más ni menos. Categoría columna: opiniónTema: Poder y CiudadaníaEntre titulares y suplentes, el máximo tribunal constitucional del país reúne en sus diez magistraturas a un excandidato vicepresidencial, Roberto Molina B a un exdiputado, Luis R a tres personajes con recorrido identificado con corrientes partidarias, Dina Ochoa, Gloria Porras y Leyla Lemus, y el resto salió de negociaciones entre grupos de poder matizadas con actos electorales, votaciones institucionales o designación a dedo. Con esos antecedentes, creer en un desempeño independiente, más que ilusorio, resulta irrisorio, pues la interpretación de las leyes se ha tornado una lucha de intereses influyentes. Como desde hace unos cinco años asistimos a la profundización de la tradicional polarización en esta sociedad, el capítulo actual es protagonizado por una CC que el miércoles recién pasado fue juramentada por el Congreso de la República, pero sin que Porras pudiera estar en la ceremonia a causa de un amparo que deja en suspenso la elección realizada por el Consejo Superior Universitario, en tanto que Néster Vásquez y Claudia Paniagua, ambos también con nexos políticos, permanecen en capilla ardiente por las impugnaciones en el proceso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Según el artículo 268 de la Carta Magna, la CC es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya responsabilidad es la defensa del orden constitucional. Para el efecto funge como tribunal colegiado, con independencia de los demás organismos del Estado, y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la ley de la materia. De acuerdo con el 272, debe conocer, entre otras, impugnaciones contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad, así como acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente y el vicepresidente de la república. También conoce, en apelación, todos los amparos interpuestos ante cualesquiera de los tribunales de justicia o contra una resolución de amparo de la CSJ y las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los contemplados por la ley de la materia. Asimismo, emite opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado y resuelve lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad y sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Organismo Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Obviamente, la trascendencia de ocupar una magistratura es enorme, por lo que no es novedad lo que está pasando. [frasepzp1] Merece indicarse que, desde su creación en 1986, han sido variadas las historias de pugnas, rencores e incluso traiciones alrededor de la CC. Sin embargo, la conflictividad se ha agudizado. Primero, porque cada uno de los que interviene en su conformación lleva agua a su molino: presidente de la república, CSJ, Congreso de la República, Universidad de San Carlos de Guatemala y CANG. Y segundo, porque empresas, sociedad civil, comunidad internacional y diversos sectores de poder pretenden incidir e injerir, como ocurre en la mayor parte de ámbitos de la dinámica nacional. Y es que en una torre de Babel como la guatemalteca siempre es oportuno reflexionar sobre cómo interpretan la ley la CC y demás engranajes del sistema de (in)justicia. Por ejemplo, interpretar significa «explicar o declarar el sentido de algo»; «traducir algo de una lengua a otra»; «explicar acciones, dichos, o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos», o «concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad». La verdad es que el término más apropiado es «representar una obra teatral o cinematográfica», una, por cierto, muy triste y hasta lamentable, mas no aburrida. Por el momento nos quedamos con una corte entrecortada, con siete miembros confirmados, una en el limbo y dos en espera de cómo actuará la dirigencia de su gremio. Desde afuera, el público permanecerá mirando y escuchando, tal vez a lo sumo criticando, mientras desde muy adentro la batalla de interpretaciones, la lectura de cartas entre gitanos y la pisa de mangueras entre bomberos marcarán los pasos con uno que otro tropezón.


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