Monday 17 February 2020
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plazapublica - 3 days ago

Vetar la ley antiderechos

imagen columna: 3 minsTipo de Nota: OpiniónLa actuación del Congreso de la República el martes 11 no es una mancha más al tigre. Categoría columna: opiniónTema: Poder y CiudadaníaLa forma tramposa que utilizaron los diputados para aprobar una iniciativa represora así lo confirma. La mayoría de los supuestos nuevos congresistas son más de lo mismo, de eso repudiado profundamente por la sociedad como la práctica corrupta de la política en Guatemala. Cuando se disponían a introducir una enmienda al orden del día para discutir la emergencia que podría representar el coronavirus, mediante un timo promovido por Felipe Alejos se introdujo la discusión previa de la iniciativa 5257. Un diputado, Aldo Dávila, de Winaq, intentó advertir de la trampa. Ni lerdo ni perezoso, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, lo saboteó apagando el micrófono. Así, con la facilidad proveída por el pacto en el Congreso, fue aprobada una iniciativa que modifica la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Con dichas modificaciones se le otorgan al Ejecutivo facultades arbitrarias para la cancelación de organizaciones que puedan resultarle incómodas: una circunstancia que atenta contra las libertades fundamentales de reunión, asociación, libre expresión del pensamiento y manifestación, así como de petición, entre otras. La esencia de este pensamiento la recoge el considerando tercero del decreto 4-2020, el cual precisa que las organizaciones deben actuar apegadas a sus estatutos para que «obligatoriamente rindan cuentas de sus gestiones y actividades para las que fueron creadas y evitar con ello la utilización de los recursos con que cuenten, sin importar su procedencia, que puede ser nacional o extranjera, estableciendo claramente su actuar con base a [sic] sus estatutos y no se dediquen a actividades sesgadas para el cual [sic] fueron creadas, facilitándoles con ello el cumplimiento de sus fines y objetivos». Así de retorcida es la redacción de la mayoría de artículos que integran el engendro antiderechos aprobado en el Congreso. Nótese que la reflexión tanto de quienes propusieron la norma como de quienes la aprobaron es vigilar que las organizaciones no realicen «actividades sesgadas». Una típica redacción nacida del hígado, y no de la cabeza de quien propone, en el artículo 19 de la misma ley, autorizar claramente al Ministerio de Gobernación (Mingob) y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el espionaje a las organizaciones sociales. [frasepzp1] Tanto durante la discusión previa de la iniciativa como ahora que ha sido aprobada en el Congreso ha habido expresiones de autoridades y de personas que los respaldan en el sentido de que la ley busca fiscalizar el uso de recursos estatales. Algo que es falso porque la redacción indica que se trata de todos los recursos. A ello responden que las ONG no son fiscalizadas por ente alguno, lo cual también es absolutamente falso. Desde la norma vigente, aprobada en 2002, así como desde las leyes que rigen a la SAT, a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), a la Ley contra el Lavado de Activos, y otras normas, hay suficiente legislación para impedir la comisión de supuestos abusos. En el caso particular de las organizaciones que manejan fondos públicos, estas son regidas y vigiladas por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la cual está obligada a fortalecer sus capacidades a fin de cumplir con su cometido. En todo caso, los congresistas debieron buscar precisamente fortalecer a esta entidad encargada de vigilar el empleo correcto de los recursos nacionales. Queda claro entonces que el interés real no es cuidar los recursos estatales —permanentemente dilapidados por gobernantes, congresistas y autoridades judiciales—, sino restringir y controlar el derecho de asociación. Para ello han logrado unirse, como cartel de crimen organizado, en torno a la bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), del ahora convicto por narcotráfico Mario Estrada. Junto con la UCN han votado los integrantes del partido de gobierno, Vamos, así como del partido del operador Felipe Alejos. Con ellos votaron también el partido Todos, disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Humanista, el Partido Unionista (PU), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), el FCN-Nación, el partido BIEN, Visión con Valores, Bienestar Nacional, Victoria, Valor, Podemos y Prosperidad Ciudadana. De la mano de esos congresistas ha salido un engendro jurídico que restringe derechos y, por lo tanto, cargado de inconstitucionalidades e ilegalidades. De tal suerte, al gobernante Alejandro Giammattei Falla toca vetar el decreto 4-2020 a fin de no incurrir en una ilegalidad fincada en la arbitraria vocación de autoritarismo del sistema político en Guatemala.

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