plazapublica - 1 month ago

imagen columna: 5 minsTipo de Nota: OpiniónLa situación límite de la crisis política en Guatemala es tan importante como complicada. Constatamos la caducidad indetenible del modelo económico, con privilegios para el poder económico tradicional, insuficiente crecimiento, aumento de la desigualdad, desempleo o empleo informal, y del sistema político, corrupto, clientelista, autoritario, sin transparencia. Nos damos cuenta de que hay que crear nuevas estructuras que sustituyan las que no sirven. ¿Qué y cómo hacemos? El proceso simultáneo de la descomposición de lo que termina, lo que actualmente son la economía y el funcionamiento político del país, con la creación o aparición de lo que nace, otra economía y otra forma de funcionamiento político, es una relación dialéctica de hechos, factores, procesos, decisiones, acciones e imprevistos, que muy difícilmente se pueden delimitar quirúrgicamente y conducir con precisión de prueba en laboratorio. Mientras la realidad y dinámica de lo político es lo imprevisto, la sorpresa. Actúa como una actriz audaz que, sin audición ni ensayo, toma el guion sin garantía del éxito. Y aunque es claro lo que no se quiere, no hay certeza de lo nuevo por crear y menos de los resultados. Este es el desafío que señala Arendt. Sin embargo, la falta inicial de respuestas no debe ser un obstáculo para la transformación que ya está en marcha.
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Cuando Luis XVI convocó los Estados Generales de Francia y éstos se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, nadie había planeado al detalle la Revolución. A lo sumo los más lúcidos tenían claro que nada debía seguir igual. Un mes después se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, se tomó la Bastilla y la monarquía cayó. En 1791, con la primera Constitución francesa, la nobleza y el clero perdieron sus privilegios. Este hecho histórico pone de manifiesto que cuando los procesos sociales de cambio arrancan, por el agotamiento e inviabilidad del poder político y la incapacidad de las élites que lo ejercen para dar soluciones, no siempre hay un plan definido al detalle o una hoja de ruta con tiempos y resultados específicos. Hannah Arendt escribió en el ensayo de filosofía política, La Tradición y la Época Moderna: “…los problemas elementales de la política nunca llegan tan claramente a la luz en su urgencia inmediata y simple, como cuando se formulan por primera vez y cuando encuentran su desafío final”. En Guatemala, después de cinco años de crisis política tras la caída del gobierno de Otto Pérez Molina, las élites económicas, en alianza con las estructuras del capitalismo criminal, los tráficos ilícitos de personas, droga, armas, etc., el lavado de activos, empujaron y entronizaron dos gobiernos de “restauración” conservadora: los de Morales y Giammattei. Ambos fueron un fracaso. Los dos gobiernos casi destruyeron lo que quedaba de la institucionalidad democrática y regresaron en cuarenta años los métodos de ejercicio del poder político, ejerciéndolo de modo autoritario, vertical, opaco y corrupto, dándole más contenido al colapso del sistema político que no es confiable, ni logra consensos activos con la población y la insostenibilidad del modelo económico, excluyente y creador de pobreza. Por eso, la única salida razonable es el cambio. El cambio hacia la democracia participativa y la transformación del modelo económico, no pueden ser solo un maquillaje. Desde el quiebre del estado finquero en 1944, o la insurrección armada campesina de 1978-1980 en el noroccidente del país, durante la guerra interna, no se producía una crisis estructural tan clara. El 16 de abril de 2015, cuando el Ministerio Público y la CICIG presentaron el caso La Línea, se mostró que las estructuras profundas, tanto económica como política, afectadas en su funcionamiento decisivamente por la corrupción público privada, estaban en una situación, cuyas posibilidades de seguir o mantenerse iguales eran contrarias a la lógica de la democracia y búsqueda del bien común, eran por tanto, irraci intentar mantenerlas durante los últimos cinco años confirmaron esa realidad. Las demandas sociales y políticas de la población, tan diversas y cambiantes por su deterioro, dan algunas pistas de hacia dónde ir. No es una novedad, ya estaba presente en el imaginario social desde el inicio de la crisis hace cinco años, pero fueron mediatizadas y finalmente destruidas por las élites ya mencionadas. Una de estas medidas es la urgente modificación profunda del sistema político, modernización administrativa y operacional del Estado, por ejemplo, la Ley del Servicio Civil. Crear herramientas para el ordenamiento de la economía y la conservación de los recursos, por ejemplo, la Leyes de Competencia y de Aguas. El modelo económico que ya estaba tambaleando, ahora provoca males mayores. Aumento del desempleo, baja en el crecimiento y el consumo, contracción de los servicios y del nivel general de vida, en una situación en la que éste último ya era precario. Baste mencionar los índices de pobreza, de población económicamente activa trabajando en la informalidad. Por tanto, hay por lo menos dos constataciones claras: a) el integrismo de mercado y la ideología neoliberal, guía de los poderes dominantes, no son los caminos adecuados para encontrar solu b) las rutas deben contemplar el corto, mediano y largo plazo, para transformar la estructura que fracasó como modelo y que no lleva a ninguna parte. Entonces pareciera lógico que desde ahora y tras el fin de la emergencia por el COVID19 es necesario desmontar las políticas neoliberales. Esta tarea, con todas sus complicaciones, es la más clara. En palabras de Paul Mason “restringiendo la actividad de los grandes círculos financieros, dando marcha atrás a la austeridad, invirtiendo en energías verdes y promoviendo el empleo bien remunerado“, así como la inversión pública a largo plazo en educación, salud, comunicaciones, vivienda popular y lucha contra la pobreza y extrema pobreza. También se debe fortalecer al Estado con recursos y capacidades. La gestión pública y de ejercicio de poder debe transitar hacia un modelo general de servicios, de vocación forestal, con economías locales de cobertura, local-comunitaria sostenible, con posibilidades de saltar en mediano plazo a la cobertura nacional, sobre todo en el campo de la producción de alimentos. Debemos abandonar la agricultura latifundista de exportación de commodities y terminar con los privilegios de las familias del poder patrimonial-oligopólico. Otra demanda importante es la Asamblea Constituyente, para darle un nuevo fundamento al Estado. ¿Puede hacerse mientras el sistema político se modifica? No es fácil, pero hay que buscar la manera, política y jurídica, más allá de los purismos garantistas legales y dejando de lado el formalismo kelseniano de la formación de la mayoría de juristas en el país. Ahora hay una oposición profunda y ciega al cambio de los grupos del poder tradicional. Pero la hegemonía no puede ser mantenida solamente por imposición voluntarista, porque, aunque esta imposición sea totalmente autoritaria, necesita de la creación de imaginarios aceptables para la población, tanto sociales, políticos, culturales, como ideológicos, y la creación de ventajas económicas que posibiliten “consensos activos” de los sectores subal solo así el poder autoritario que se impuso podría seguir siendo ejercido eficazmente. En el momento actual, el sector hegemónico no pareciera tener como hacer eficaz esa hegemonía sin recurrir a la imposición y represión; de hacerlo así, estaremos en la barranca profunda del estado fallido y la sociedad inviable. Hay otros caminos, racionales, posibles y viables para no entrar, como hace cincuenta años, en el camino obscuro de la sinrazón como método y el crimen como “argumento”. En juego está, no solo el ejercicio del poder para beneficio de las élites, sino la supervivencia de la organización social completa y la posibilidad de seguir siendo un país.

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